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Estos trabajos han tenido lugar en el marco del proyecto, financiado con fondos de la Unión Europea, Supporting the Public Services Sector for Establishing and Promoting EWCs (Apoyo al Sector de Servicios Públicos para el establecimiento y promoción de Comités de Empresa Europeos).

El proyecto se está desarrollando como consecuencia del llamamiento realizado por el Parlamento Europeo (Resolución de 02.03.2023) para “fortalecer los Comités de Empresa Europeos y sus capacidades operativas y aumentar su número teniendo en cuenta los diferentes sistemas de relaciones laborales de los Estados miembros”. De acuerdo con la petición del Parlamento, el 26 de julio, la Comisión Europea ha presentado su “Documento analítico y de consultas” para realizar la segunda fase de consultas a los interlocutores sociales, en virtud del artículo 154 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), sobre una posible revisión de la Directiva sobre los Comités de Empresa Europeos.

En las reuniones de expertos celebradas a primeros de julio y, más recientemente, los días 19 y 20 de septiembre en Roma, los socios del proyecto han analizado las dificultades que suponen tanto la configuración del sector público en cada país, sus sistemas de relaciones laborales y la legislación comunitaria para la constitución de estos Comités de Empresa Europeos en el ámbito de los Servicios Públicos y han concluido que la alternativa a esos Comités es la creación de un Sistema de Información Transnacional en el Sector de los Servicios Públicos para el conjunto de los Estados miembros y candidatos.

Fruto de estas reflexiones, los socios participantes del proyecto, CSIT UNIÓN PROFESIONAL y la Fundación Antonio Bustamante (FAB) de España; la Federazione Autonoma dei Sindicato dei Transportes (FAST), de Italia; el sindicato KSS de Macedonia; y Gsupoip Nezavisnost, de Serbia, han suscrito un Acuerdo de propuestas sobre la Directiva 2009/38, de los Comités de Empresa Europeos, que han remitido a la Comisión Europea, dentro de la segunda fase de consultas a los interlocutores sociales.

Estas propuestas plantean una modificación del actual ámbito de aplicación de la Directiva para dar cabida a los servicios públicos o, en su defecto, la creación de un sistema de información transnacional para el Sector Público de los Estados miembros y candidatos, junto a otras materias que se concretan en:

• Analizar la conveniencia de incorporar, en la revisión de la Directiva 2009/38, actuaciones concretas que permitan implementar Comités de Empresa Europeos en el ámbito del Sector de los Servicios Públicos; y, en su caso, definir qué Empresas o Instituciones del Sector Público pueden constituir CEE, dentro del ámbito de la Directiva 2009/38, potenciando su creación y reforzando sus capacidades de actuación.
• Extender las actuaciones que puedan derivarse de ese análisis a los países candidatos a formar parte de la Unión Europea.
• Diseñar un Sistema de Información Transnacional para el Sector de los Servicios Públicos, integrado en la nueva Directiva sobre los Comités de Empresa Europeos, o como instrumento de participación de los trabajadores de este ámbito, independiente de esos comités.
• Definir, de manera conjunta con sindicatos y gestores públicos, las materias que deben ser objeto de información en el ámbito transnacional y en el marco de actuación del Sector de los Servicios Públicos.
• Fortalecer y potenciar la utilización de los procedimientos de Información, Consulta y Negociación Colectiva, o Diálogo Social, tanto en los ámbitos nacionales como en el transnacional en el Sector de los Servicios Públicos de los Estados miembros y candidatos; garantizando que reciben la información necesaria y completa, por parte de los gestores públicos, que les permita alcanzar acuerdos durante el procedimiento de consultas.
• Establecer un Marco de sanciones efectivas para los empleadores del Sector de los Servicios Públicos frente a situaciones de vulneración grave del derecho a la información y a la consulta de los trabajadores y de sus representantes.
• Promover un Marco sobre Negociación Colectiva en el Sector de los Servicios Públicos, para el conjunto de la Unión Europea, que suprima las actuales limitaciones en esta materia existentes en este sector y que permita extender el alcance de esas negociaciones a materias como: las retribuciones, el desarrollo profesional, el empleo, la formación y la prevención de riesgos laborales, entre otras.
• Promover, en consonancia con lo diseñado en el Marco Estratégico de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo 2021-2027, la elaboración de una Directiva sobre la protección de los Riesgos Psicosociales y la lucha contra la violencia, el acoso o la discriminación en el lugar de trabajo en el Sector de los Servicios Públicos, que se extienda a los Estados miembros y a los países candidatos, estableciendo actuaciones transnacionales que desarrollen un programa de apoyo a los trabajadores aquejados de riesgos psicosociales (incluidos el estrés, la depresión, el agotamiento profesional o el Burnout) con orientaciones y recomendaciones eficaces para luchar contra estos riesgos, al considerar la importante sobrecarga física y emocional soportada por los trabajadores de los Servicios Públicos en su día a día laboral (situación que se ve incrementada durante crisis como la sanitaria y la económica).